Cumplimiento continuo de la Ley 21.719, con evidencia al día
Orbix levanta el registro de actividades de tratamiento con su propio equipo, identifica brechas y mantiene la evidencia documentada que fiscalizará la Agencia de Protección de Datos Personales. Sin planillas y sin abogados de planta.
Lo que su empresa tendrá que demostrar, no declarar
La ley reparte la carga de la prueba hacia la empresa: ante una controversia o una fiscalización, es usted quien debe acreditar que actuó correctamente. Los tres primeros son deberes. El cuarto no es obligatorio, y es justamente el que la ley premia.
Dos formas de abordar la adecuación
Levantamiento del registro en conversación con su equipo
Orbix entrevista a cada responsable de área en lenguaje de negocio (qué sistema usa, qué datos viajan hacia él) y de esa conversación construye el registro de actividades de tratamiento, con su base de licitud explicada: por qué tiene derecho a usar cada dato. Ese registro es lo que sostiene la información que el artículo 14 ter obliga a publicar y mantener al día.
Su equipo no aprende derecho: responde preguntas sobre su propio trabajo.
Detección de brechas y plan de adecuación priorizado
Contratos de encargo pendientes, datos sensibles sin evaluación de impacto, áreas sin responsable designado. Cada brecha queda priorizada dentro de un plan de adecuación concreto: qué documento se genera, quién lo firma y cómo mejora la postura de cumplimiento al cerrarla.
Evidencia organizada para responder ante una fiscalización
La Agencia fiscalizará evidencia, no declaraciones. Cada actualización queda registrada con fecha, autor y huella, y el expediente se exporta completo para presentar antecedentes de manera ordenada y verificable.
Todo su cumplimiento, en un solo lugar
Ocho módulos que trabajan sobre una misma fuente: su registro de actividades de tratamiento.
Inteligencia artificial revisada por consultores expertos en la ley
Orbix usa modelos de lenguaje comerciales, guiados por el texto de la Ley 21.719 y por el método de trabajo de nuestros consultores. Hacen la parte pesada: clasificar datos, proponer bases de licitud, redactar borradores. Los puntos que exigen criterio jurídico quedan marcados y los resuelve un consultor experto en la ley, con su nombre en el registro.
De ese modo el servicio es ágil sin convertirse en una caja negra: usted siempre sabe qué revisó una persona y qué no.
Metodología de implementación
Su equipo aporta el conocimiento operativo, la plataforma construye el registro y el consultor revisa las definiciones jurídicas. Semana por semana, con entregables a la vista.
El 1 de diciembre de 2026 la ley será plenamente exigible
La puesta en marcha toma alrededor de un mes; cerrar todas las brechas depende de cada empresa. En una demostración de 30 minutos revisamos su caso: qué tratamientos realiza, qué brechas tiene y por dónde comenzar.